Por términos

29 de agosto de 20190 COMENTARIOS AQUÍ


 Por | Guillermo Salazar Jiménez
Quien hace esperar engaña, me dijo al inicio de la conversación, no hay nada más decepcionante que esperar la justicia por años y, al final, escuchar la sentencia: las víctimas tienen la razón, pero el caso prescribió por vencimiento de términos. No importa el tipo de proceso, los abogados se las ingenian para saltar las normas de la ética y la moral.

Le recordé que precisamente el domingo pasado en El Espectador había leído sobre el escándalo por la libertad de Carlos Palacino y de Francisco Ricaurte, aquel por haberse apropiado de casi $400.000 millones en favor de terceros, y este acusado por concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, llamado el cartel de la toga. Ahora, ambos están libres por vencimiento de términos —Término también deviene de un dios latino que se representaba con un pilar encima de la cabeza de un hombre, como protector de los límites—.

Me miró desde el otro lado de la mesa. No se sabe quién es más bandido, si el malhechor o el abogado que se ingenia argumentos para entorpecer el proceso. Dicho abogado puede ajustarse a la ley, pero es una maña sin ética; sin moral se esfuerza por eludir la controversia legal en el juicio, para presentar alegatos antes o después de la sentencia y alargar la decisión.

Apuró el vaso de agua, mientras yo me preguntaba con El Espectador: ¿La Fiscalía está en riesgo de perder cualquier caso si en la defensa hay un abogado lo suficientemente habilidoso como para explotar el sistema penal?

Mi caso fue decepcionante y oprobioso. Escúcheme, el lunes 26 de mayo de 1997, a las 6:00 de la mañana, abordé en Cali el bus de placa VOV-229, perteneciente a la empresa Expreso Trejos Ltda., para viajar a Buenaventura por asuntos de trabajo. Cerca del municipio de Dagua, el conductor Jorge Yalí Arroyave Sevillano, se tiró a la carretera, nos dejó a la deriva, y el bus cayó al abismo con resultado de doce muertos y doce lesionados de por vida.

Me pareció terrible. Continuó: el 22 de octubre de 2002, después de 4 años, 7 meses y 4 días del accidente, la Fiscalía Seccional 115 de Dagua, Valle, en providencia calificatoria número 060 consideró mérito sumatorio en contra del conductor y de Expreso Trejos Ltda., como tercer civilmente responsable, por el delito de homicidio culposo y por lesiones personales culposas. El 25 de julio de 2005, a los ocho años del accidente, la juez octavo penal del circuito de Cali, María Cely Sevillano, ratificó la sentencia condenatoria.

Pensé que algo huele mal en la justicia colombiana cuando los abogados se especializan en ensombrecer la ley. Finalmente expresó: lo peor, en diciembre de 2012, después de 15 años del accidente, la Corte Suprema sentenció que mi caso “prescribió por términos”.

Quedó pensativo, resonó su veredicto: 22 años y mi caso está ahora en el Consejo de Estado.

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